Anel Townsend y el comité fundador del Partido Político Democracia y Transparencia plantean:

La Presidenta del Partido Político Democracia y Transparencia, Anel Townsend, exige al Presidente Alejandro Toledo presentar, en su mensaje de mañana, disculpas públicas por no haber observado la denominada Ley Wolfenson.

“Este 28 de julio se requiere una explicación por lo ocurrido con la ley de arresto domiciliario. En lo personal no estaba ni en el Congreso, ni en el Perú cuando esto ocurrió, me encontraba justamente, defendiendo una resolución favorable al compromiso de los Parlamentos con la Convención Interamericana contra la corrupción”.

Asimismo, propone un pacto por la transparencia y desarrollo para unir la lucha contra la corrupción y la lucha contra la pobreza. La propuesta en el ámbito de la Transparencia contempla el levantamiento del secreto bancario para postular al Congreso y la Presidencia de la República, la renovación por tercios del Parlamento, la formulación y aprobación de la unidad de remuneración del sector público (URSP), y la aprobación de la Ley del Empleo Público.

“Pongamos el plazo de aquí a diciembre para que se trabaje y se aprueba una Ley de Empleo Público donde se diferencien los puestos de confianza con los puestos de cargo público. Debemos terminar con la política que invade, tanto al gobierno central como a los gobiernos locales y regionales, respecto a que la gente crea que necesita una recomendación para ocupar un cargo público y que esto sea motivo de abuso”.

Se propone también, reafirmar la 24º Política de Estado del Acuerdo Nacional respecto a la afirmación de un Estado eficiente y transparente, así como, la 26º sobre la Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.

Respecto a acciones a favor del desarrollo propone: el nombramiento del Presidente de la Comisión Especial de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y del Presidente de la Comisión Anticorrupción solicitándole una terna al Acuerdo Nacional sobre la base de una terna que el Acuerdo Nacional proponga; una política social transparente que garantice que el anunciado programa “Juntos” sea considerado como experiencia piloto cuyo Consejo Directivo sea presidido por la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, luego de conocer los resultados del último censo; y la actualización del Acuerdo del Grupo de Río en pro del canje de deuda por infraestructura.

“Este pacto con la transparencia y el desarrollo indica que no habrá mas trabajo si no erradicamos la corrupción, más trabajo entendido en inversiones con confianza en un poder judicial que se moralice”, sostiene la parlamentaria.

Lima, 27 de julio de 2005

En conferencia de prensa la congresista Anel Townsend presentó el partido político “Democracia y Transparencia”, cuyo lema es: “Por una política limpia en el Perú”. La presentación se llevó a cabo en el Comedor Autogestionario "Virgen del Carmen" del distrito de San Martín de Porres, y fueron presentados el Comité Fundador y los representantes de los distritos de la Capital, el cual esta integrado por lideres sociales, mujeres y jóvenes.

“Es urgente fortalecer la democracia reivindicando su filosofía de servicio público y su compromiso con una conducta transparente, propia de todos y especialmente de quienes aspiramos a ser una alternativa en la tarea de gobierno. Es indispensable abandonar la cultura del fraude y del arreglo bajo la mesa, sustituyéndola por una política limpia de rendición de cuentas ante la ciudadanía. La democracia debe de convertirse en el escenario en el que estamos obligados a construir una sociedad y un Estado que supere la desigualdad y la exclusión”, sostuvo Townsend.

Agregó que el plan económico del partido apuesta por una economía social de mercado, basada en la equidad y el desarrollo humano, alentando la promoción de inversiones; fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el rol promotor y regulador de un Estado atento para corregir las insensibilidades del mercado.

Asimismo, buscará que el Estado actúe más de cerca de las necesidades ciudadanas en base a una Reforma del Estado que amplíe su presencia en el país, promoviendo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la incorporación de nuevos contenidos en la administración pública, y la equidad y eficiencia, a través de la descentralización y la planificación pública.

“Con una política social moderna en materia de salud, educación y seguridad alimentaria; y vigilando los programas sociales existentes y por crearse, para que lleguen a zonas de pobreza extrema; y sobre todo, a los menores de 6 años” proponemos mejorar la situación de los más pobres.

Finalmente, la parlamentaria señaló que este partido recoge también al comité promotor de la democracia y la lucha contra la corrupción, que integra a profesionales y representantes de la sociedad civil, con quienes desarrollamos talleres sobre la Lucha contra la Corrupción en diversos distritos y conos de Lima, y promovimos la recolección de firmas para apoyar el proyecto de reforma constitucional que propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios no prescriban.

Foto, Diario El Comercio

La congresista Anel Townsend y otros parlamentarios manifestaron su extrañeza porque hasta la fecha no se ha emitido dictamen sobre más de veinte proyectos de ley de reforma constitucional que proponen la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios no prescriban.

“El Congreso debe adquirir un compromiso que en lo que falta del periodo parlamentario se pueden lograr dos votaciones para alcanzar esta reforma constitucional, y así, este Parlamento le entregue a la ciudadanía un instrumento de lucha contra la corrupción”, señaló Townsend.

Asimismo, solicitan debatir dos dictámenes que apoyan la lucha contra la corrupción como son los referidos a: la sanción a los jueces y fiscales que incumplan los plazos legales en los procesos judiciales. “En este caso como se requiere doble votación solicitamos que se incluya en el pleno del 26 de julio para que se de la primera votación, y así en la otra legislatura que se inicia el 28 de julio se daría la segunda votación”, sostuvo la parlamentaria.

Agregó que el otro dictamen que debe ser tratado con prioridad en la próxima legislatura es el que propone la Ley de probidad del Sector Educación con la finalidad de articular la acción de prevención y control del Estado con el de los Órganos de Participación y Vigilancia en las distintas instancias de gestión descentralizada para garantizar la probidad, transparencia y rendición de cuentas de la gestión educativa en el marco de los fines y principios de la educación peruana.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, cabe resaltar que el pasado 18 de mayo Townsend y más de diez parlamentarios solicitaron al Presidente del Congreso dar prioridad al debate del dictamen que surja de la Comisión de Constitución. Asimismo, solicitaron al Presidente de dicha Comisión, Aurelio Pastor priorizar el debate de los proyectos de ley presentados sobre este tema.

“En mayo pasado solicitamos al Presidente del Congreso, Dr. Antero Flores Araoz, un pedido de priorización del debate del dictamen que surja de la Comisión de Constitución del proyecto de ley de reforma constitucional que propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios no prescriban, considerando que existen 29 parlamentarios y parlamentarias que hemos presentado proyectos de ley similares o se han adherido a los presentados”,
sostuvo Townsend.

Ese mismo día, el Presidente del Congreso de la República, el doctor Antero Flores Araoz, junto con la congresista Anel Townsend y otros parlamentarios solicitaron al Presidente de la Comisión de Constitución dar prioridad al debate de este tema con el objeto de que pueda ser implementada como parte de la defensa del Estado frente a la corrupción. Asimismo, el titular del legislativo se comprometió asimismo poner como primer punto de agenda del Pleno el debate de dicho dictamen una vez que cumpla una semana de ser presentado y publicado en el Portal como lo señala el Reglamento del Congreso de la República.

Es importante mencionar que esta iniciativa legislativa fue aprobada, anteriormente, dentro del paquete de Reformas Constitucionales que se habían encargado a dicha Comisión en el año 2002, y que quedaron ser debatidas en el Pleno. Sin embargo, con la suspensión del debate de estas reformas, el proyecto de ley para la no prescripción de los delitos de corrupción también quedó de lado.

La parlamentaria recordó a la prensa junto con el Comité promotor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, iniciaron una campaña que contó con el respaldo y la adhesión al proyecto de ley de reconocidas personalidades como: el Presidente Regional de Lambayeque, Yehude Simon, el reconocido pintor Fernando de Szyszlo, el Procurador Ad Hoc para el caso Fujimori Montesinos, Antonio Maldonado, junto con los Procuradores Adjuntos, Eduardo Gutierrez y Juan Carlos Portocarrero, el Contralor General de la República, Genaro Matute, y Michael Azcueta de Confianza Perú.

Por unanimidad y en tiempo récord, el Tribunal Constitucional falló que la “Ley Wolfenson” es inconstitucional y que no debió haber excarcelación.

Aunque sólo asistieron cinco congresistas a la sustentación de la demanda en contra de la Ley Wolfenson, Anel Townsend indicó que otros 26 parlamentarios se sumaron a este pedido. Los congresistas que asistieron a la audiencia pública en la que se vio esta causa fueron Anel Townsend, Heriberto Benítez, Javier Diez Canseco, Luis Iberico y Gloria Helfer. Además se hizo presente el ex procurador Ronald Gamarra.

LA MALA HORA DE LA CORRUPCIÓN

La decisión la adoptó el colegiado a las siete y veinte de la noche, un poco más de cinco horas después de que en audiencia pública los representantes de 31 congresistas sustentaron la demanda de inconstitucionalidad que presentaron contra la ley que el presidente Alejandro Toledo no observó y promulgó el Legislativo.

Fuentes del Tribunal Constitucional explicaron a La República, con la sentencia en la mano, que el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial gestaron, formalizaron y ejecutaron la mencionada norma violentando una jurisprudencia establecida por cuatro fallos del colegiado que desestiman equiparar un día de arresto domiciliario como un día de prisión.

El FALLO HARIA VOLVER A LOS WOLFENSON A PRISION

También precisaron las fuentes que la sentencia del Tribunal Constitucional anula todos los efectos derivados de la “Ley Wolfenson”, como la excarcelación de los hermanos Moisés y Alex Wolfenson.

Un reportero preguntó expresamente a las fuentes del colegiado si la sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de la “Ley Wolfenson” implicará el retorno a prisión de los propietarios de los diarios “La Razón”, “El Chino” y “El Men”, que recibieron fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). La respuesta fue categórica: “Sí”.

Las fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no tiene otra alternativa que acoger la solicitud de la Procuraduría y anular la excarcelación de los cómplices de Montesinos, en estricta aplicación de lo dispuesto por el colegiado, que declaró inconstitucional la “Ley Wolfenson”. De la misma manera, el Poder Judicial debe declarar infundados todos los pedidos en trámite que han presentado diversos reclusos, entre miembros de la mafia, secuestradores y narcotraficantes.

EJEMPLAR SENTENCIA

De acuerdo con el fallo del colegiado, se declara inconstitucional “el extremo de la disposición (la ‘Ley Wolfenson’) que permite que el tiempo de arresto domiciliario sea abonado para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto”.

También precisa la sentencia que “ningún juez o magistrado de la República puede aplicar el precepto impugnado (la ‘Ley Wolfenson’), por haber cesado en sus efectos”. Y con respecto a las solicitudes que han presentado los acusados para la aplicación de la mencionada norma que gestó el Congreso, y que aún no han sido resueltas por los magistrados, el fallo del tribunal ordena que estas “deberán ser desestimadas”.

Y en relación con el caso de los Wolfenson, indica la sentencia del Tribunal Constitucional: “Los jueces o magistrados que tengan en trámite medios impugnatorios o de nulidad en los que se solicite la revisión de resoluciones judiciales en las que se haya aplicado el precepto impugnado (en lo que a la detención domiciliaria se refiere), deberán estimar los recursos y declarar nulas dichas resoluciones judiciales, por no conceder efecto alguno a una disposición declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional”, señala.

(fuente Diario La Republica)

En su calidad de apoderada sustentó los fundamentos de hecho de la demanda de incostitucionalidad contra la Ley Nº 28568, que modifica el Código Penal y establece que la detención domiciliaria será computable a razón de un día al igual que la detención preventiva.

Demanda fue presentada el 08 de Julio

Cabe resaltar que dicha demanda fue presentada el pasado ocho de julio y contó con la firma de más de treinta congresistas. Mediante la demanda se solicita que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la mencionada ley y la expulse de la legislación nacional, declarando nulo, asimismo, todo sus efectos durante su vigencia en el tiempo.

Ley iba en contra del principio de igualdad

La demanda presentada señala que el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el numeral 2 inc. 2, ya que es una máxima no solo tratar igual lo igual sino también tratar desigual lo que es desigual. De tal modo que al ser desiguales en incidencias la detención preventiva con la detención domiciliaria también deben tener un tratamiento si bien en conjunto, pero diferenciados, puesto que unas personas por el mismo delito, podrán computar para una eventual condena el hecho de haber pasado el tiempo en su domicilio con quienes deben estar en las cárceles.

Ley Nº 28568. vulnera el principio del régimen penitenciario

De igual modo, vulnera el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, estatuido en el artículo 139 inc. 22 de la Lex Legum, ya que no se podrían cumplir dichos fines en un domicilio, al menos ese no es el medio que viabiliza el estado democrático.

Fundamentos de Hecho y de derecho

Los fundamentos jurídicos de la demanda estuvieron a cargo del doctor Javier de Belaúnde y el ex Procurador Luis Vargas Valdivia. Junto con la congresista Anel Townsend, el parlamentario Heriberto Benitez sustentó los fundamentos de hecho de la demanda.

Townsend destacó la necesidad de apelar al Tribunal Constitucional por parte de más de 30 congresistas firmantes de la acción para que declare inconstitucional la Ley Nº 28568 puesto que la derogatoria de la misma no es suficiente para evitar el daño que esta norma le ha causado al sistema anticorrupción.

Sustentó este concepto al indicar que aunque la ley ya no este vigente, los jueces podrían aplicarla a favor de quienes aprovecharon su vigencia de seis días. En cambio si el Tribunal Constitucional declara su inconstitucionalidad esto significaría que estuvo vigente pero que no valdrían sus efectos puesto que colisiona con la Constitución.

Anel Townsend no voto por la ley

Cabe recordar, que Townsend no estuvo presente en la votación del Pleno del Congreso cuando se aprobó la mencionada norma ya que estaba con licencia justificada porque se encontraba en el XXXV periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Fort Lauderdale, USA sustentando la resolución “El papel de los poderes legislativos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Hemisferio”, que precisamente promueve la lucha contra la corrupción en los países miembros de la OEA.