Dicha resolución fue impulsada por la Congresista Anel Townsend desde el mes de noviembre el año pasado.

La congresista Townsend, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales del Parlamento Latinoamericano, y Presidenta de la Organización de Parlamentarios Latinoamericanos Contra la Corrupción, viajo el cuatro de junio, a la Asamblea General de OEA realizada Fort Lauderdale, USA, para promover a los distintos representantes de las Misiones Diplomáticas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la aprobación del Proyecto de Resolución que propone destacar la importancia de que los Estados miembros, y en particular sus Poderes Legislativos y Autoridades Centrales continúen avanzando, en la implementación de los compromisos contraídos tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción como en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; a fin de coadyuvar a una más eficaz cooperación y asistencia recíproca en la lucha contra la impunidad.

El documento también propone instar a los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción que participan en su mecanismo de seguimiento, destacando el rol legislativo y fiscalizador que compete a sus Parlamentos y Asambleas Legislativas, a redoblar esfuerzos para la plena implementación y cumplimiento de las recomendaciones emanadas en el marco del Mecanismo de Seguimiento e Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) intercambiando información periódica sobre su grado de cumplimiento.

Ver:
Declaracion de Florida-OEA, Hacer realidad los Beneficios de la Democracia

Las declaraciones del mayor Juan Gavidia, quien lo acusó de haber servido a Vladimiro Montesinos cuando ocupaba la jefatura de la INTERPOL Lima, han puesto en jaque al ministro del Interior Félix Murazzo. Hasta el momento Murazzo no ha podido desmentir si actuó en coordinación con Montesinos para ordenar la arbitraria detención de Baruch Ivcher, en el aeropuerto de Varsovia, en junio del año 2000.

La legisladora Anel Townsend consideró que Murazzo debe renunciar al cargo. Sostuvo que si se busca reestructurar los institutos armados y policiales, para que la historia no se repita, lo más saludable es que Murazzo dé un paso al costado y se retire de la cartera del interior.

El ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi dijo que las nuevas evidencias "lo ha colocado en una situación muy comprometida”. “Es el presidente quien tiene que tomar la decisión (de retirar a Murazzo), Toledo no puede permanecer silencioso, ya que ha sido testigo de lo que pasó y debe actuar”, afirmó Rospigliosi.

A su turno, el primer vicepresidente, David Waisman, manifestó que las denuncias contra Murazzo son graves, y que “de comprobarse su vínculo con Montesinos, estaría descalificado para continuar al interior del gabinete”.

Diario La Republica 29 junio"

La congresista Anel Townsend junto con los parlamentarios Heriberto Benitez, Gloria Helfer, Walter Alejos, Hector Chavez Chuchón, Carlos Infantas, Susana Higuchi y Fausto Alvarado, emitieron un comunicado respaldando toda acción que tenga como finalidad dejar sin efecto la Ley 28568, entre ellas la acción de inconstitucionalidad que promueve el Procurador anticorrupción en contra de la Ley mencionada.

Participó de la conferencia de prensa el Procurador Ad hoc para el caso de Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado, quien señaló que la Ley 28568, es un error que lesiona principios constitucionales y establece precedentes negativos en la lucha contra la corrupción en el país.

Cabe resaltar que la Ley 28568, modifica el artículo 47º del Código Penal y señala que el tiempo de detención preliminar, preventiva y domiciliaria que haya sufrido el imputado se abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención. Es decir equipara el arresto domiciliario con la detención efectiva.
“Una norma que señala que tienen iguales consecuencias el arresto domiciliario con los días efectivos de cárcel favorecerá principalmente a las personas acusadas de delitos de corrupción y así como también a los procesados por otros graves delitos, lo cual promovería la impunidad de los autores de estos crímenes”, sostuvo Townsend.

El comunicado señala que la detención domiciliaria se da cuando el juez ordena mandato de comparecencia restringida. Por lo tanto esta medida es una alternativa al mandato de detención efectiva, pues esta última solamente ocurre cuando se cumplen ciertos requisitos como que el imputado pueda perturbar o eludir la acción penal. Razón por la cual dos medidas alternativas no pueden tener consecuencias similares.

Townsend agregó que adicionalmente la Ley 28568 al equipar el arresto domiciliario con la detención para el computo de la pena, significaría que ambas medidas son iguales bajo el argumento de que en las dos hay perdida de la libertad. “Ello daría como resultado que es igual que un imputado esté detenido en su casa o en prisión. Mensaje que seguramente alentará a quienes han cometido delitos”, puntualizó.

Lima, 4 Julio

Alberto Fujimori fue inhabilitado mediante la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. Nº 3760-2004-AA/TC en la que se sostiene: que el inhabilitado no puede fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza, y que tampoco dicha persona no puede hacer uso del espacio gratuito otorgado de acuerdo al artículo 41º de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos.

Los congresistas Anel Townsend, Heriberto Benitez y Walter Alejos, se reunieron con la Presidenta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Magdalena Chú Villanueva, y posteriormente, al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Javier Mendoza Ramírez para solicitar el cumplimiento de dicha sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inhabilitación de Alberto Fujimori, aprobada por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa N.º 018-2000-CR.

Dicha sentencia del Tribunal Constitucional se refiere a que “la inhabilitación política despliega sus efectos sobre los derechos políticos que son aquellos mediante los cuales los ciudadanos participan en la formación y dirección de las actividades del Estado; son, por tanto, derechos que permiten a los ciudadanos participar en la vida política y pública”

“Todos los organismos públicos están obligados a cumplir la sentencia de febrero de este año que señala que Alberto Fujimori está inhabilitado de participar en el sistema político, y, si no puede ejercer actividad partidaria menos puede acogerse a la Ley de Partidos Políticos que permite franjas electorales o espacios políticos gratuitos. Es distinto que se presente por vía satélite o mediante videos o entrevistas grabadas en programas que le quieran dar tribuna, pero no puede acogerse a los beneficios de la Ley mencionada”,sostuvo Townsend.

“FUJIMORI ES UN PRÓFUGO DE LA JUSTICIA Y NO UN PERSEGUIDO POLÍTICO”

Anel Townsend aclaró que la inhabilitación política de Alberto Fujimori, no es producto de una persecución política, como señalan sus defensores, sino que se le inhabilitó porque fugó del país cuando tenia que responder por graves acusaciones que abarcan desde crímenes de lesa humanidad como los ocurridos en La Cantuta y Barrios Altos, y la fuga de millones de dólares que ha afectado al país.

FUJIMORI NO PUEDE USAR EL CANAL DE ESTADO Y DE HACERLO NUEVAMENTE PODRÍAN PRESENTAR UNA ACCIÓN JUDICIAL DE CUMPLIMIENTO CONTRA LA PCM

“Debemos destacar que el Poder Ejecutivo es un poder del Estado y el punto 28 de la sentencia le da obligatoriedad de cumplimiento, sólo basta la voluntad política para que la Presidencia del Consejo de Ministros informe al canal del Estado que esta sentencia es de cumplimiento de no hacerlo estaría incurriendo en el incumplimiento de una sentencia. El Poder Ejecutivo tiene una arma legal, que no es de persecución política, para cumplir con la sentencia”

Foto La Repùblica

Siguiendo con la lucha anticorrupción los congresistas, Heriberto Benitez, Anel Townsend, Walter Alejos y Gloria Helfer presentaron dos denuncias constitucionales contra los magistrados Robinson Gonzales Campos, César Javier Vega Vega, José Maria Balcazar, Pastor Adolfo Barrientos Peña y Hugo Príncipe Trujillo, magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, quienes dispusieron la excarcelación de los hermanos Alex y Moisés Wolfenson.

La primera denuncia constitucional se presenta por la supuesta infracción a los artículos 138º y 2º inciso 2 de la Constitución Política del Perú, la que en su artículo 2º inciso 2 señala la igualdad ante la ley, que no solo significa tratar como igual a iguales, sino también de tratar desigual lo desigual. De tal modo que al ser desiguales en incidencias la detención preventiva con la detención domiciliaria también deben tener un tratamiento si bien en conjunto, pero diferenciados, puesto que unas personas por el mismo delito, podrán computar para una eventual condena el hecho de haber pasado el tiempo en su domicilio con quienes deben estar en cárcel.

“Esto significa que situaciones iguales deben tratarse como iguales y diferentes como diferentes. Sin embargo, la ley 28568 equipara como iguales dos situaciones diferentes, por lo que es contraria a la Constitución, resultando así una Ley inconstitucional, pues no se puede tratar como igual a dos situaciones diferentes”, sostuvo Townsend.

Además, el propio Tribunal Constitucional, ha señalado que “La detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos gravosa, pues resulta una menor carga psicológica, debido a que no es lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio que en prisión, razón por la cual resulta a todas luces inconstitucional dar un tratamiento igual a situaciones desiguales.

Por otro lado la Constitución Política del Perú establece en el segundo párrafo del artículo 138º que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Este es un mandato que los jueces tienen la obligación de cumplir.

De acuerdo a lo que señalan los medios de comunicación el viernes ultimo la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó la excarcelación de los empresarios Alex y Moisés Wolfenson, quienes abandonaron el Penal para Reos Primarios, ex San Jorge, por haber cumplido la mitad de la condena de cinco años de prisión que se les impuso.

Dicha Sala Suprema aplicó la ley 28568 que computa los días de arresto domiciliario con los días de pena efectiva. Es decir aplicó una norma inconstitucional.

La Segunda denuncia constitucional se presentó por haber cometido grave delito contra la administración de Justicia (prevaricato) al dictar una resolución contraria al texto claro y expreso de la Ley ; y conforme a lo indicado en el artículo 418º del Código Penal podrían sufrir una pena de hasta cinco años de prisión. “Esta denuncia la hacemos en cumplimiento de la labor parlamentaria de luchar frontalmente contra la corrupción”, sostuvo Benitez.

Por su parte, la congresista Gloria Helfer manifestó que no basta arrepentirse del error cometido sino que se debe tomar las medidas necesarias para corregirlo.

Townsend y Benitez solicitaron a la Comisión de Ética del Congreso iniciar una exhaustiva investigación respecto a la sospechosa elaboración, extraña presentación y posterior adhesión de diversos congresistas a los proyectos de ley N° 12952/2004-CR y N° 13157/2004, los cuales estaban claramente destinados a favorecer a los responsables de graves delitos de corrupción

Finalmente, los congresistas también informaron que la demanda de inconstitucionalidad presentada el pasado ocho de julio al Tribunal Constitucional ya fue admitida para su tramite e hicieron un llamado al Presidente del Congreso de la República para que responda de inmediato al Tribunal Constitucional con el objetivo de que en el más breve plazo se realice la audiencia pública del caso.

Por iniciativa de la congresista Anel Townsend se reunieron parlamentarios y representantes de la sociedad civil con Monseñor Luis Bambaren, Presidente de la Misión por la Paz para adherirse al comunicado “Combatir la corrupción para que florezca la esperanza” y brindar su apoyo en la movilización que se está organizando.

Durante la reunión se acordó que como primera acción pública se realizará un plantón contra la impunidad frente al Palacio de Justicia el próximo miércoles 19 de julio al mediodía, ya que el 18 de julio se cumplirá un aniversario más del asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán (La Cantuta), crimen cometido por el grupo Colina que justamente era financiado gracias al desvío de fondos
organizado por Montesinos y Fujimori desde los institutos armados.

Se anunció, asimismo, que en otras fechas simbólicas para la democracia peruana se realizarán acciones públicas para la transparencia y contra la impunidad, tal es e caso, del 5 de agosto, fecha en la que se cumplen cinco años de la instalación de la Mesa de diálogo de la OEA para la recuperación de la democracia en el Perú. Así como el 28 de agosto cuando se cumplirán dos años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Junto con la congresista Anel Townsend, participaron los parlamentarios Heriberto Benitez, Gloria Helfer, y Jorge Chavez Sibina así como Guillermo Benavente de la Conferencia Episcopal de Acción Social, Luis Sirumbal, de la Asociación Nacional de Centros, Francisco Soberón, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rosa Huanca de la Confederación Campesina del Perú, Diana Miloslavich del Movimiento Amplio de Mujeres, Rosa Dueñas de la Red de Casas Refugio, Esther Moreno, ex alcaldesa de Independencia y Olenka Ochoa del Colectivo Mujeres por la gobernabilidad.

En su calidad de apoderada sustentó los fundamentos de hecho de la demanda de incostitucionalidad contra la Ley Nº 28568, que modifica el Código Penal y establece que la detención domiciliaria será computable a razón de un día al igual que la detención preventiva.

Demanda fue presentada el 08 de Julio

Cabe resaltar que dicha demanda fue presentada el pasado ocho de julio y contó con la firma de más de treinta congresistas. Mediante la demanda se solicita que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la mencionada ley y la expulse de la legislación nacional, declarando nulo, asimismo, todo sus efectos durante su vigencia en el tiempo.

Ley iba en contra del principio de igualdad

La demanda presentada señala que el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el numeral 2 inc. 2, ya que es una máxima no solo tratar igual lo igual sino también tratar desigual lo que es desigual. De tal modo que al ser desiguales en incidencias la detención preventiva con la detención domiciliaria también deben tener un tratamiento si bien en conjunto, pero diferenciados, puesto que unas personas por el mismo delito, podrán computar para una eventual condena el hecho de haber pasado el tiempo en su domicilio con quienes deben estar en las cárceles.

Ley Nº 28568. vulnera el principio del régimen penitenciario

De igual modo, vulnera el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, estatuido en el artículo 139 inc. 22 de la Lex Legum, ya que no se podrían cumplir dichos fines en un domicilio, al menos ese no es el medio que viabiliza el estado democrático.

Fundamentos de Hecho y de derecho

Los fundamentos jurídicos de la demanda estuvieron a cargo del doctor Javier de Belaúnde y el ex Procurador Luis Vargas Valdivia. Junto con la congresista Anel Townsend, el parlamentario Heriberto Benitez sustentó los fundamentos de hecho de la demanda.

Townsend destacó la necesidad de apelar al Tribunal Constitucional por parte de más de 30 congresistas firmantes de la acción para que declare inconstitucional la Ley Nº 28568 puesto que la derogatoria de la misma no es suficiente para evitar el daño que esta norma le ha causado al sistema anticorrupción.

Sustentó este concepto al indicar que aunque la ley ya no este vigente, los jueces podrían aplicarla a favor de quienes aprovecharon su vigencia de seis días. En cambio si el Tribunal Constitucional declara su inconstitucionalidad esto significaría que estuvo vigente pero que no valdrían sus efectos puesto que colisiona con la Constitución.

Anel Townsend no voto por la ley

Cabe recordar, que Townsend no estuvo presente en la votación del Pleno del Congreso cuando se aprobó la mencionada norma ya que estaba con licencia justificada porque se encontraba en el XXXV periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Fort Lauderdale, USA sustentando la resolución “El papel de los poderes legislativos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Hemisferio”, que precisamente promueve la lucha contra la corrupción en los países miembros de la OEA.

Por unanimidad y en tiempo récord, el Tribunal Constitucional falló que la “Ley Wolfenson” es inconstitucional y que no debió haber excarcelación.

Aunque sólo asistieron cinco congresistas a la sustentación de la demanda en contra de la Ley Wolfenson, Anel Townsend indicó que otros 26 parlamentarios se sumaron a este pedido. Los congresistas que asistieron a la audiencia pública en la que se vio esta causa fueron Anel Townsend, Heriberto Benítez, Javier Diez Canseco, Luis Iberico y Gloria Helfer. Además se hizo presente el ex procurador Ronald Gamarra.

LA MALA HORA DE LA CORRUPCIÓN

La decisión la adoptó el colegiado a las siete y veinte de la noche, un poco más de cinco horas después de que en audiencia pública los representantes de 31 congresistas sustentaron la demanda de inconstitucionalidad que presentaron contra la ley que el presidente Alejandro Toledo no observó y promulgó el Legislativo.

Fuentes del Tribunal Constitucional explicaron a La República, con la sentencia en la mano, que el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial gestaron, formalizaron y ejecutaron la mencionada norma violentando una jurisprudencia establecida por cuatro fallos del colegiado que desestiman equiparar un día de arresto domiciliario como un día de prisión.

El FALLO HARIA VOLVER A LOS WOLFENSON A PRISION

También precisaron las fuentes que la sentencia del Tribunal Constitucional anula todos los efectos derivados de la “Ley Wolfenson”, como la excarcelación de los hermanos Moisés y Alex Wolfenson.

Un reportero preguntó expresamente a las fuentes del colegiado si la sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de la “Ley Wolfenson” implicará el retorno a prisión de los propietarios de los diarios “La Razón”, “El Chino” y “El Men”, que recibieron fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). La respuesta fue categórica: “Sí”.

Las fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no tiene otra alternativa que acoger la solicitud de la Procuraduría y anular la excarcelación de los cómplices de Montesinos, en estricta aplicación de lo dispuesto por el colegiado, que declaró inconstitucional la “Ley Wolfenson”. De la misma manera, el Poder Judicial debe declarar infundados todos los pedidos en trámite que han presentado diversos reclusos, entre miembros de la mafia, secuestradores y narcotraficantes.

EJEMPLAR SENTENCIA

De acuerdo con el fallo del colegiado, se declara inconstitucional “el extremo de la disposición (la ‘Ley Wolfenson’) que permite que el tiempo de arresto domiciliario sea abonado para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto”.

También precisa la sentencia que “ningún juez o magistrado de la República puede aplicar el precepto impugnado (la ‘Ley Wolfenson’), por haber cesado en sus efectos”. Y con respecto a las solicitudes que han presentado los acusados para la aplicación de la mencionada norma que gestó el Congreso, y que aún no han sido resueltas por los magistrados, el fallo del tribunal ordena que estas “deberán ser desestimadas”.

Y en relación con el caso de los Wolfenson, indica la sentencia del Tribunal Constitucional: “Los jueces o magistrados que tengan en trámite medios impugnatorios o de nulidad en los que se solicite la revisión de resoluciones judiciales en las que se haya aplicado el precepto impugnado (en lo que a la detención domiciliaria se refiere), deberán estimar los recursos y declarar nulas dichas resoluciones judiciales, por no conceder efecto alguno a una disposición declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional”, señala.

(fuente Diario La Republica)

La congresista Anel Townsend y otros parlamentarios manifestaron su extrañeza porque hasta la fecha no se ha emitido dictamen sobre más de veinte proyectos de ley de reforma constitucional que proponen la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios no prescriban.

“El Congreso debe adquirir un compromiso que en lo que falta del periodo parlamentario se pueden lograr dos votaciones para alcanzar esta reforma constitucional, y así, este Parlamento le entregue a la ciudadanía un instrumento de lucha contra la corrupción”, señaló Townsend.

Asimismo, solicitan debatir dos dictámenes que apoyan la lucha contra la corrupción como son los referidos a: la sanción a los jueces y fiscales que incumplan los plazos legales en los procesos judiciales. “En este caso como se requiere doble votación solicitamos que se incluya en el pleno del 26 de julio para que se de la primera votación, y así en la otra legislatura que se inicia el 28 de julio se daría la segunda votación”, sostuvo la parlamentaria.

Agregó que el otro dictamen que debe ser tratado con prioridad en la próxima legislatura es el que propone la Ley de probidad del Sector Educación con la finalidad de articular la acción de prevención y control del Estado con el de los Órganos de Participación y Vigilancia en las distintas instancias de gestión descentralizada para garantizar la probidad, transparencia y rendición de cuentas de la gestión educativa en el marco de los fines y principios de la educación peruana.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, cabe resaltar que el pasado 18 de mayo Townsend y más de diez parlamentarios solicitaron al Presidente del Congreso dar prioridad al debate del dictamen que surja de la Comisión de Constitución. Asimismo, solicitaron al Presidente de dicha Comisión, Aurelio Pastor priorizar el debate de los proyectos de ley presentados sobre este tema.

“En mayo pasado solicitamos al Presidente del Congreso, Dr. Antero Flores Araoz, un pedido de priorización del debate del dictamen que surja de la Comisión de Constitución del proyecto de ley de reforma constitucional que propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios no prescriban, considerando que existen 29 parlamentarios y parlamentarias que hemos presentado proyectos de ley similares o se han adherido a los presentados”,
sostuvo Townsend.

Ese mismo día, el Presidente del Congreso de la República, el doctor Antero Flores Araoz, junto con la congresista Anel Townsend y otros parlamentarios solicitaron al Presidente de la Comisión de Constitución dar prioridad al debate de este tema con el objeto de que pueda ser implementada como parte de la defensa del Estado frente a la corrupción. Asimismo, el titular del legislativo se comprometió asimismo poner como primer punto de agenda del Pleno el debate de dicho dictamen una vez que cumpla una semana de ser presentado y publicado en el Portal como lo señala el Reglamento del Congreso de la República.

Es importante mencionar que esta iniciativa legislativa fue aprobada, anteriormente, dentro del paquete de Reformas Constitucionales que se habían encargado a dicha Comisión en el año 2002, y que quedaron ser debatidas en el Pleno. Sin embargo, con la suspensión del debate de estas reformas, el proyecto de ley para la no prescripción de los delitos de corrupción también quedó de lado.

La parlamentaria recordó a la prensa junto con el Comité promotor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, iniciaron una campaña que contó con el respaldo y la adhesión al proyecto de ley de reconocidas personalidades como: el Presidente Regional de Lambayeque, Yehude Simon, el reconocido pintor Fernando de Szyszlo, el Procurador Ad Hoc para el caso Fujimori Montesinos, Antonio Maldonado, junto con los Procuradores Adjuntos, Eduardo Gutierrez y Juan Carlos Portocarrero, el Contralor General de la República, Genaro Matute, y Michael Azcueta de Confianza Perú.

En conferencia de prensa la congresista Anel Townsend presentó el partido político “Democracia y Transparencia”, cuyo lema es: “Por una política limpia en el Perú”. La presentación se llevó a cabo en el Comedor Autogestionario "Virgen del Carmen" del distrito de San Martín de Porres, y fueron presentados el Comité Fundador y los representantes de los distritos de la Capital, el cual esta integrado por lideres sociales, mujeres y jóvenes.

“Es urgente fortalecer la democracia reivindicando su filosofía de servicio público y su compromiso con una conducta transparente, propia de todos y especialmente de quienes aspiramos a ser una alternativa en la tarea de gobierno. Es indispensable abandonar la cultura del fraude y del arreglo bajo la mesa, sustituyéndola por una política limpia de rendición de cuentas ante la ciudadanía. La democracia debe de convertirse en el escenario en el que estamos obligados a construir una sociedad y un Estado que supere la desigualdad y la exclusión”, sostuvo Townsend.

Agregó que el plan económico del partido apuesta por una economía social de mercado, basada en la equidad y el desarrollo humano, alentando la promoción de inversiones; fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el rol promotor y regulador de un Estado atento para corregir las insensibilidades del mercado.

Asimismo, buscará que el Estado actúe más de cerca de las necesidades ciudadanas en base a una Reforma del Estado que amplíe su presencia en el país, promoviendo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la incorporación de nuevos contenidos en la administración pública, y la equidad y eficiencia, a través de la descentralización y la planificación pública.

“Con una política social moderna en materia de salud, educación y seguridad alimentaria; y vigilando los programas sociales existentes y por crearse, para que lleguen a zonas de pobreza extrema; y sobre todo, a los menores de 6 años” proponemos mejorar la situación de los más pobres.

Finalmente, la parlamentaria señaló que este partido recoge también al comité promotor de la democracia y la lucha contra la corrupción, que integra a profesionales y representantes de la sociedad civil, con quienes desarrollamos talleres sobre la Lucha contra la Corrupción en diversos distritos y conos de Lima, y promovimos la recolección de firmas para apoyar el proyecto de reforma constitucional que propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Perú, para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios no prescriban.

Foto, Diario El Comercio